Fuente: Internet

Lima, Perú. Por Israel Arias Quijano. Este 10 de abril, más de 18 millones de peruanos decidirán en las urnas la elección del próximo presidente y congresistas del Perú. Sin embargo, esta lid electoral nos presenta un escenario electoral sui generis, pocas veces visto en el país.

A diferencia de otras justas electorales, hombres y mujeres definirán en igualdad la elección de sus autoridades. Ambos por igual cuota de género determinarán el destino de más de 27 millones de peruanos durante los próximos 5 años.

No es casualidad que los partidos políticos y sus alianzas hayan difundido mediáticamente diversas propuestas electorales cargadas de novedades para esta nueva componenda electoral. 

Iniciativas como la renovación por tercios o mitades en el Congreso, unión civil homosexual, ley antitránsfugas, etc., no han dejado de escucharse durante las últimas semanas en boca de cada uno de los candidatos a la presidencia y el Congreso de la República.

Medidas justas en su gran mayoría, pero convenientemente utilizadas en campaña electoral. En el colmo de los colmos, se ha pretendido ofrecer un indulto presidencial para un sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

Otro factor clave. Lima ya no determinará al candidato presidencial. La descentralización ha promovido una alta movilidad electoral al interior del país. Más de 12 millones de electores no son limeños, y en las últimas elecciones regionales y municipales hicieron sentir su voz frente a la elección de sus candidatos. 

El 60% de alcaldías distritales a nivel nacional están en manos de organizaciones regionales (movimientos regionales y alianzas regionales). El Perú de todas las sangres, pero de la concentración del poder político, está reinterpretando su rol participativo en las cuotas de poder como un medio para la atención de sus demandas.

Este fenómeno electoral no cuenta con el apoyo de los partidos políticos tradicionales, quienes lo satanizan como un peligro para la gestión de los asuntos públicos del país.

Sin embargo, temerosos de la poca votación que pudieran obtener en estas elecciones, han conformado alianzas electorales de corto y mediano plazo, con el único fin de pasar la valla electoral y ganar más tiempo frente al descontento popular, que apela a otras formas de participación ciudadana en la gestión gubernamental.   

La dispersión partidaria al interior de estas alianzas pone en entredicho la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de muchas de las propuestas impulsadas durante la refriega electoral. Si algo ha caracterizado a este tipo de alianzas es su poca sostenibilidad a lo largo del tiempo.

La población electoral está obligada a informarse minuciosamente sobre sus candidatos. Exigir manos limpias y acuerdos públicos para el cumplimiento de las promesas electorales, así como la fiscalización ciudadana de la gestión pública.