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Lima, Perú. Por Israel Arias Quijano. La reciente violación de una menor de 7 meses de edad ha puesto nuevamente sobre el tintero la falta de mecanismos legales preventivos contra el abuso físico y psicológico de menores de edad en el Perú.

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) ha informado que en el 2010 fueron ultrajados 3 mil 257 menores, de los cuales 88.6% corresponde a víctimas del sexo femenino, siendo las ciudades con mayor concentración de violaciones: Lima, Ayacucho, Cusco, Junín, Piura, entre otras.

Un mecanismo legal preventivo frente a esta problemática podría tomarse de la experiencia judicial norteamericana, que mediante una “Orden de restricción contra la violencia doméstica” protege al menor del abuso sexual. Cabe resaltar que la mayoría de violaciones se producen por familiares de las víctimas.

En EE.UU., una “Orden de restricción” es un mecanismo legal de protección frente al maltrato físico, emocional o económico. Estas órdenes son emitidas por un juez a pedido de la víctima o sus familiares e incluso por la misma policía ante un acto flagrante de violencia doméstica.

Este mecanismo legal permite retirar al abusador de la vivienda donde se produce el ultraje. Asimismo, se restringe el contacto con la víctima y su familia. Esto asegura que el menor de abuso físico y/o psicológico esté protegido durante las investigaciones.

En el Perú, sólo se detiene a un violador ante flagrante delito dentro de un plazo de 24 horas. Si la denuncia demorará semanas, como suele suceder por el miedo de las víctimas a presentar una denuncia, se ordena una investigación sin la detención del demandado.

El abusador puede aguardar su juicio en su domicilio, si así lo determinará el juez, exponiendo a su víctima a más amenazas u otros vejámenes. No es de extrañar que muchas de las denuncias por violación sean retiradas por los mismos denunciantes ante el temor de represalias.

La implementación de una “Orden de restricción” en el Perú podría convertirse en una solución palpable frente a la protección y defensa del menor. El derecho peruano permite la legislación comparada como un mecanismo de mejora para el ejercicio de la justicia. Sin embargo, se necesita la convergencia de todos los estamentos del Estado para el éxito de una medida de esta índole.

Para el caso concreto, las “Ordenes de restricción” podrían otorgarse a través de un Juez de Paz las 24 horas del día, al interior de una comisaría, donde suelen presentar este tipo de denuncias. Esta salida legal preventiva ayudaría a miles de niños y adolescentes a proteger sus vidas ante actos de violencia física y/o psicológica en salvaguardar de sus vidas.